COLOMBIANOS DICEN QUE QUERIAN REGALAR LOS TITULOS DE DEUDA PARAGUAYA
Los 13 bonos del año 1876 valen 20 mil dólares y son de colección
Los 13 bonos que datan del año 1876, cuyo pago, por valor de nueve mil millones de euros fue reclamado al Ministerio de Hacienda, son de colección y tienen un costo de US$ 20 mil. La empresa colombiana, que solo cuenta con copias de esos títulos de la deuda externa, tenía la
intención de comprarlos para posteriormente obsequiarlos al presidente electo Fernando Lugo.
La difusión de que la fiscalía iba a investigar una supuesta tentativa de estafa derivó en la inmediata reacción de los propietarios de la firma colombiana Carnavales y Cía. Ltda., con sede en Bogotá.Fuentes judiciales explicaron que Juan Andrés Cooper, uno de los propietarios de esa firma, vendrá a nuestro país, dentro de una semana, para presentar un escrito, en el que se referirá que no había intenciones de cobrar una deuda a la fiscalía.Posteriormente lo hará su padre Héctor Patricio Cooper Tamayo, un hombre de 69 años, quien se encuentra en Suiza, tras una intervención quirúrgica,El objetivo de ambos es aclarar esta situación, ya que la información que se generó en nuestro país, el pasado martes, tuvo repercusión internacional y podría dañar la imagen de la firma importadora y exportadora que trabaja en los puertos de Colombia, según las fuentes.Cooper Tamayo es un coleccionista de documentos históricos.En ese contexto, coleccionistas argentinos le ofrecieron los bonos por un valor de US$ 20 mil. Para el efecto le remitieron copias de los documentos, pero no los originales, según fuentes.Para verificar la veracidad de los documentos, Cooper remitió las copias al Estado paraguayo a través de su hijo, aprovechando que el mismo iba a realizar gestiones particulares en Paraguay.El joven estuvo hospedado en un céntrico hotel durante dos meses y medio.En ese lapso
se presentó la nota, en la cual, habrían intervenido algunos actores políticos para intentar sacar ventajas.De ahí se explica que se haya redactado una nota con un tenor que sonaba a cargar sobre el Estado una multimillonaria deuda, con simples valoraciones.Pero los Cooper aseguran que nunca tuvieron ese objetivo y que lo que se quería era averiguar la legalidad y el valor de los documentos, a través de un organismo oficial del Estado, según fuentes.
Los 13 bonos que datan del año 1876, cuyo pago, por valor de nueve mil millones de euros fue reclamado al Ministerio de Hacienda, son de colección y tienen un costo de US$ 20 mil. La empresa colombiana, que solo cuenta con copias de esos títulos de la deuda externa, tenía la
intención de comprarlos para posteriormente obsequiarlos al presidente electo Fernando Lugo.La difusión de que la fiscalía iba a investigar una supuesta tentativa de estafa derivó en la inmediata reacción de los propietarios de la firma colombiana Carnavales y Cía. Ltda., con sede en Bogotá.Fuentes judiciales explicaron que Juan Andrés Cooper, uno de los propietarios de esa firma, vendrá a nuestro país, dentro de una semana, para presentar un escrito, en el que se referirá que no había intenciones de cobrar una deuda a la fiscalía.Posteriormente lo hará su padre Héctor Patricio Cooper Tamayo, un hombre de 69 años, quien se encuentra en Suiza, tras una intervención quirúrgica,El objetivo de ambos es aclarar esta situación, ya que la información que se generó en nuestro país, el pasado martes, tuvo repercusión internacional y podría dañar la imagen de la firma importadora y exportadora que trabaja en los puertos de Colombia, según las fuentes.Cooper Tamayo es un coleccionista de documentos históricos.En ese contexto, coleccionistas argentinos le ofrecieron los bonos por un valor de US$ 20 mil. Para el efecto le remitieron copias de los documentos, pero no los originales, según fuentes.Para verificar la veracidad de los documentos, Cooper remitió las copias al Estado paraguayo a través de su hijo, aprovechando que el mismo iba a realizar gestiones particulares en Paraguay.El joven estuvo hospedado en un céntrico hotel durante dos meses y medio.En ese lapso
se presentó la nota, en la cual, habrían intervenido algunos actores políticos para intentar sacar ventajas.De ahí se explica que se haya redactado una nota con un tenor que sonaba a cargar sobre el Estado una multimillonaria deuda, con simples valoraciones.Pero los Cooper aseguran que nunca tuvieron ese objetivo y que lo que se quería era averiguar la legalidad y el valor de los documentos, a través de un organismo oficial del Estado, según fuentes.
