Gobierno ha sido inoperante para ofrecer seguridad a la población, señala Amnistía

El gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos ha sido “inoperante, ineficaz e ineficiente” para dar “protección a sus ciudadanos” y patrocinó “patrullas civiles armadas” que sembraron violencia, según señala el informe anual de Amnistía Internacional, Paraguay, presentado anoche.

El organismo de derechos humanos con sede central en Londres (Inglaterra) presentó su Informe 2007 sobre el estado mundial de los derechos humanos, en el cual se refiere a la situación en Paraguay, durante un acto en la Manzana de la Rivera. Julio Torales, presidente de la entidad, en una parte de su discurso explicativo del informe, expresó que el Gobierno paraguayo ha sido “inoperante, ineficaz e ineficiente a la hora de brindar protección a sus ciudadanos, patrocinó la creación de patrullas civiles armadas, las cuales, lejos de otorgar protección y seguridad, sembraron violencia y destrucción, llegando inclusive al asesinato de personas”.

El presentó un cuadro mundial en que, según dijo, “gobiernos poderosos, estados represores y grupos armados están empleando la política del miedo de forma deliberada para erosionar los derechos humanos y crear un mundo peligrosamente dividido”. Instó a no dejarnos arrastrar por “el síndrome del miedo” y adoptar un enfoque basado en la sostenibilidad y no solo en la seguridad.

Amnistía Internacional, Paraguay, en su informe -presentado también ayer al Gobierno- recomienda una serie de medidas para que en nuestro país sea realidad el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos. Entre otras cosas, resalta la necesidad de “reformar urgentemente el sistema penitenciario de la República, arbitrar los medios necesarios para fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos e indígenas y ratificar la convención para la protección de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes y sus familias.

Asimismo, sugiere “reformar urgentemente el sistema y función policial, reconociendo la responsabilidad del Estado en garantizar la protección y promoción de la seguridad y un adecuado procedimiento de investigación, detención y prisión”. Esto “en el marco del pleno respeto de todos los derechos humanos y de las normas internacionales referidas al uso de la fuerza y las responsabilidades relativas a la función policial (incluyendo a todos los operadores de justicia)”.

Recomienda continuar con la implementación de procesos de reparación justos para las víctimas de la dictadura, a través de un apoyo pleno a la Comisión de Verdad y Justicia, y reconocer y dar seguimiento a las sanciones impuestas al Paraguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

PIDE GARANTIZAR LIBERTAD DE PRENSA

La organización internacional además solicita al Gobierno que adopte “medidas concretas que garanticen irrestrictamente la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo en el Paraguay”. Pide que “se continúe con todo rigor, independencia, diligencia y transparencia las investigaciones correspondientes para esclarecer el paradero del periodista Enrique Galeano”, desaparecido el 4 de abril del 2006. Finalmente, solicita la inmediata adopción de una legislación que garantice la no discriminación de las personas por motivos de raza, origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o cualquier otra condición particular”.