La consideración de las normativas nacionales e internacionales con relación al tratamiento de niños, niñas y adolescentes ante intervenciones judiciales y policiales, además de la investigación de la muerte de los implicados en secuestros, pidió la organización no gubernamental Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
La ONG que nuclea a 26 organizaciones que trabajan en el área de la niñez y la adolescencia se suma al Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que también advirtió que el procedimiento tiene visos de una ejecución extrajudicial, que se trató de legalizar con la presencia del fiscal Rogelio Ortúzar.
Para la CDIA existe una necesidad urgente y exhaustiva de investigación para la aclaración por parte de la Justicia de la muerte de los supuestos secuestradores, “en especial la del adolescente de 16 años de edad quien se encontraba en su hogar en el momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad”, reza una parte del comunicado.
La Inecip pidió la separación de su cargo del fiscal Ortuzar ante el fiscal general del Estado, Ruben Candia Amarilla. Este, al igual que el presidente Nicanor Duarte Frutos, avaló la actuación fiscal policial que ejecutó a los delincuentes, entre ellos una mujer y el menor Mario Leguizamón.
 Según la CDIA “se repiten los sucesos similares en los que con la irrupción de las fuerzas de seguridad en las casas, los niños, niñas y adolescentes son víctimas de abusos y muertes, que en aras de mayor seguridad estos sucesos lo que generan es más inseguridad (sic)”, según el documento público. | |
